lunes, 26 de noviembre de 2012

La periodista Sandra Russo ante la denuncia del multimedios



“Quieren penalizar una opinión”


La columnista de Página/12 advirtió que la demanda del Grupo Clarín busca una “condena ejemplificadora” dirigida a los trabajadores de la comunicación “para que nadie más hable en contra de ellos”.


Por Ailín Bullentini
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Apenas enterada de la demanda que el Grupo Clarín les impuso a ella, a otros comunicadores y a funcionarios por considerarlos “instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva” en perjuicio de la empresa “y de sus directivos en particular”, la periodista Sandra Russo consideró que la acusación busca una “condena ejemplificadora” hacia todo el colectivo de trabajadores de la comunicación “para que nadie más hable en contra de ellos”. Columnista de este diario y panelista de 6,7,8, Russo relacionó el tema directamente con la puja por la aplicación de la ley de medios audiovisuales: “Denuncian que no hay libertad de expresión y al mismo tiempo persiguen periodistas. No somos estúpidos. Clarín está operando en contra de esa libertad”, denunció.
–¿Cómo se inscribe este episodio en la discusión por la libertad de expresión?
–Fue una sorpresa la primera lectura general. Me parece cuanto menos bizarro que Clarín, después de haber hecho su defensa con respecto a la ley de medios con el eje puesto en la falta de libertad de expresión, ahora pida nada menos que cárcel para periodistas. Habría que rastrear en qué país se dio algo así. Seguramente habrá sido en una dictadura, ya que esto no se condice con ningún sistema democrático. En noviembre de 2009 en Argentina se derogó el delito de calumnias e injurias, que fue combatido durante muchos años por haber sido una traba para la investigación periodística y, sin embargo, el delito preveía de un mes a tres años de cárcel; era excarcelable. La figura a la que está remitiéndose Clarín en este momento prevé hasta seis años de prisión lo cual es un despropósito sobre todo porque –por lo que leí en los medios, no vi la querella aún– lo que se me atribuye es una opinión que no incluye absolutamente ninguna incitación a la violencia. Fue un comentario a la violencia que había ocurrido en la marcha del 13 de septiembre. Cuando hablé entonces de veneno me refería a las esvásticas que recorrieron esa marcha, a las amenazas de derrocamiento, a los deseos de muerte a la Presidenta y a los golpes que habían recibido mis compañeros y que después recibieron en Malvinas Argentinas los colegas de Crónica y de Télam. Me estaba refiriendo a ese veneno. No logro detectar con un sentido común normal dónde está la incitación a la violencia. Es simplemente querer penalizar una opinión.
–¿Cree que ése fue el objetivo de la denuncia?
–Creo que se relaciona con un ejército de abogados que está trabajando en diferentes estrategias; ya veremos cómo estas partes se irán armando en un relato judicial. Nos atribuyen a mí y a (el ex director de Tiempo Argentino, Roberto) Caballero declaraciones hechas en 6,7,8; a (Javier) Vicente declaraciones en Fútbol para Todos; tiene que ver con negarnos la entidad de periodistas. Ese es el mismo espíritu que, en las últimas marchas, ha permitido que se les pegue a periodistas que no son del Grupo Clarín. Por eso decía, entonces, que no había que naturalizar esas agresiones y que me llamaba la atención que desde las agrupaciones de periodistas y que los trabajadores de la corporación no salieran a decir nada... Los golpes son golpes, la violencia es violencia. Todos los que estamos a favor de la ley de medios jamás hemos llamado ni hemos dicho nada que tenga que ver con que nadie pierda su lugar de trabajo ni con ejercer violencia sobre nadie. Es al revés.
–¿Considera que la denuncia es un paso más en una guerra que comenzó cuando se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
–Tiene que ver con tratar de mostrar que se está instigando a la violencia contra el Grupo Clarín, cuando lo único que está sucediendo es que gran parte de la sociedad y algunos periodistas –nos incluimos dentro de ese grupo– le está pidiendo al Grupo Clarín que se adecue a la ley.
–¿Cómo afecta el hecho al colectivo de trabajadores de la comunicación?
–Eso es lo que más me preocupa. De una vez por todas, ante esta especie de clímax, es un momento importante para hacer una apelación a todos los trabajadores de prensa para que establezcamos todos un límite. Hoy me tocó a mí, pero si esto prospera mañana le puede tocar a otro y entonces estaríamos viviendo en una pesadilla en la que deberíamos cuidarnos de no mencionar al Grupo Clarín en ninguna de nuestras observaciones públicas porque nos podría caer una querella o una denuncia penal.
–Además, marcaría un precedente para todos los casos más chicos y menos resonantes de denuncias de empresas a trabajadores de la comunicación por opinar.
–Llegamos a un punto de inflexión en el que las marchas, las reivindicaciones, las columnas de opinión que nos vienen del lado del monopolio tienen que ver con la libertad de expresión y, al mismo tiempo, están persiguiendo periodistas y nos quieren mandar presos. No somos estúpidos. A partir de hoy, el que se hace el estúpido es porque quiere. La realidad es muy clara. Estás a favor de la libertad de expresión o no. Clarín está operando en contra de esa libertad. Salvo que admitamos que los únicos que tienen derecho a expresarse son los empleados del monopolio. Debe haber una condena explícita. Ese es el límite y lo deberán marcar los colectivos periodísticos que no hayan sido cooptados por la patronal, es así de corto. Se tienen que expedir las comisiones internas, me gustaría saber qué piensa Fopea, si está de acuerdo con que se denuncie penalmente a periodistas. Hay muchos trabajadores de Clarín, de Perfil, de La Nación que leen esto como lo que es: una enorme apretada y amenaza a nuestra profesión.
–¿Cómo se aborda el tema teniendo en cuenta el derecho a la información?
–Siempre que se ha atacado a 6,7,8 contesté que no somos un programa que genera una opinión que no existe en la sociedad, sino que es el emergente de una posición política, cultural y de medios que existe. Cuando piden que se levante el programa se olvidan de que dejarían a un público sin escuchar a voces que le interesan. Nosotros no pedimos que desaparezcan los programas de TN, lo que pedimos es que hayan otras voces además. En realidad, con la denuncia quisieron que tuviéramos miedo de hablar y que nuestro caso sea una condena ejemplificadora para que nadie más hable en contra de ellos. Lo que está claro después de esta demanda es que a Clarín no le interesa la libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos tanto del que opina como yo como del que opina todo lo contrario. Yo pienso todo lo contrario a Clarín y tengo derecho a no sentirme amedrentada por emitir mi opinión públicamente. Estoy a favor de un modelo de país en el que no se calle nadie, en el que me dejen hablar a mí también. Hoy estamos viendo la rémora de un país en el que sólo puede hablar quien obedece a la línea editorial de Clarín.

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